Cuando uno aplica a un puesto de trabajo es común que se le exija un mínimo nivel educativo. Lo que no es tan común es que se le prohíba presentarse por tener demasiada educación.
Veronica Smink
Esto es lo que ocurre en Uruguay, donde la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), el gobierno de la ciudad capital, lanzó una convocatoria laboral que explícitamente excluye a personas que tengan estudios superiores.
El llamado a concurso, que abrió el pasado 27 de junio y cerró el 12 de julio, es para cubrir futuras vacantes en las áreas de limpieza y de cuidado de infraestructura, tareas que corresponden al escalafón obrero.
Entre los requisitos para postular a los 2.000 puestos de trabajo se destaca: "Firmar una Declaración Jurada de no tener aprobado más allá de 6º año de Bachillerato de Educación Secundaria".
La convocatoria, publicada en el sitio web de la Intendencia, aclara que el artículo 239 del Código Penal castiga con tres a 24 meses de prisión al que "prestare una declaración falsa sobre identidad o estado".
El llamado a concurso de la IMM generó una ola de indignación en la capital uruguaya no sólo por imponer ese tope educativo, sino también porque otra de sus disposiciones aclara que 300 puestos (el 15% del total) "serán sorteados entre hijos de funcionarios en actividad".
¿No a la educación, sí al nepotismo?
Luego de que el diario El Observador diera a conocer el polémico concurso unos días antes de su publicación, varios críticos aseguraron a la prensa que tanto la limitación educativa como el cupo reservado a hijos de funcionarios son inconstitucionales.
BBC Mundo lo consultó con el experto constitucional uruguayo Rubén Correa Freitas, quien señaló que, efectivamente, ambas condiciones "violan el principio de igualdad, establecido en la Constitución".
No obstante, el experto explicó que para que esos requisitos sean declarados inconstitucionales, algún particular que se sienta afectado por ellos debe impugnarlos ante un tribunal.
Lo curioso del caso es que esta búsqueda laboral no sería la primera en Uruguay donde se impone una de esas dos exigencias.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), -el sindicato de empleados públicos de Uruguay- dijo a BBC Mundo que ya ha habido otras convocatorias que establecen un límite al nivel educativo.
En tanto, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), -el sindicato de la Intendencia- señaló a este medio que el cupo reservado a hijos de empleados municipales está vigente desde los años '90, cuando la IMM firmó un acuerdo con ese gremio.
De hecho, la cuota del 15% está estipulada en el artículo 70 del código municipal.
"Discriminación positiva"
Para la IMM, quienes critican la prohibición de que postulen a estos cargos personas con estudios superiores no entienden el espíritu de ese requisito, que busca brindarles una oportunidad a jóvenes que no tienen capacitación.
"El 48% de los uruguayos mayores de 15 años abandona la secundaria, y esos jóvenes son los que conforman la mayor parte del 6,4% de desempleados que tiene el país, una cifra histórica para Uruguay", dijo a BBC Mundo María Urruzola, directora de comunicación de la Intendencia.
Según la funcionaria, la municipalidad está haciendo una "discriminación positiva" para ayudar a los llamados "jóvenes ni-ni", que ni estudian, ni trabajan.
Con respecto a las acusaciones de que ese tope viola el principio de igualdad, Urruzola lo consideró igual de violatorio que exigir un mínimo nivel educativo.
Además, la vocera aseguró que la IMM no excluye a quienes tienen formación académica ya que hay otros 30 a 40 llamados a concurso para tareas que requieren un mayor nivel educativo.
"Entiendo que imponer cuotas, como también se hace a veces con las mujeres, resulta antipático, pero es necesario debido a la actual situación económica", opinó.
Nepotismo heredado
Con respecto a las acusaciones de nepotismo, Urruzola explicó que el acuerdo con la Adeom que garantizó ese cupo del 15% para hijos de funcionarios debe ser comprendido en su contexto histórico.
"Antes de que llegara al poder la izquierda, en 1990, las designaciones en la IMM se hacían por acomodo. Cuando Tabaré Vázquez asumió como intendente se implementaron los concursos y sorteos, pero el gremio reclamó una cuota para hijos de trabajadores", contó.
Según la funcionaria, esta forma de nepotismo no era exclusiva de la Intendencia, sino que existía en casi todos los organismos del Estado.
La portavoz aceptó que muchos de esos organismos lograron eliminar la práctica, y se mostró partidaria a "abolir esas diferencias en la Intendencia, a través del consenso social".
Por su parte, el constitucionalista Correa Freitas explicó a BBC Mundo que el único tribunal que podría modificar esa ley municipal, ante una eventual impugnación, es la Corte Suprema de Justicia.
